A partir de opiniones y quejas de la población y otros elementos divulgados en redes sociales, se decidió realizar una acción de control al establecimiento comercial sito en Manglar entre Oquendo y Nuevo Pilar, municipio de Cerro. Este era operado por una persona trabajadora por cuenta propia de la provincia Santiago de Cuba, a partir del arrendamiento de un antiguo almacén de la Empresa Suchel de la Industria Ligera.

En la inspección, iniciada por el Ministerio de Comercio Interior, de conjunto con la Dirección Provincial de Comercio de La Habana, se constataron violaciones de las normas vigentes para ejercer el trabajo por cuenta propia, que confirmaron los reportes populares.

Entre las violaciones más graves se detectaron ventas de mercancías en dólares, productos a la venta sin precios visibles, no habilitación de las pasarelas de pago electrónico establecidas, contratación ilegal de fuerza de trabajo y participación como trabajadores de ciudadanos extranjeros, incumpliendo las condiciones de estancia en el territorio nacional. Sobre la base de estas irregularidades se determinó la paralización de la actividad comercial y ampliar el alcance del control, incluyendo la fiscalización al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En el avance de la investigación se han identificado significativas inconsistencias entre el importe de los impuestos pagados y los volúmenes de operaciones realizadas, esencialmente las asociadas a la importación de mercancías, lo que unido a la inexistencia de registros contables y al empleo de cuentas bancarias personales para el manejo de los fondos del negocio, constituyen indicios del delito de evasión fiscal.

En este proceso se evidencian insuficiencias en la función de control de las autoridades administrativas implicadas, quienes no detectaron las irregularidades existentes en la etapa de aprobación y ejecución de la actividad comercial, ante lo cual se depuran responsabilidades para aplicar las medidas correspondientes.

Hechos como este validan el perfeccionamiento realizado al marco regulatorio para las formas de gestión no estatal y sus relaciones con el sector estatal; así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y la exigencia por las responsabilidades administrativas y empresariales.

(Tomado de Tribuna de La Habana)