La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó hoy la Ley de Procedimiento Administrativo encargada de velar por los principios constitucionales que la sustentan, así como por la observancia del debido proceso, la seguridad jurídica y los derechos y deberes de las personas con las estructuras y sujetos de la administración pública.

Durante la presentación de la Ley en el último período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular- la primera de su tipo- efectuada en el pasado mes de julio, el titular de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez, la calificó como renovadora y defensora de los derechos de los ciudadanos y puntualizó que concentra en una norma jurídica los contenidos hasta ahora dispersos en otras leyes, lo cual permitirá alcanzar un funcionamiento administrativo más eficiente, apegado a la legalidad y a la buena administración.

La novedosa norma, consecuencia de las regulaciones establecidas en la Constitución del año 2019, generaliza los criterios relacionados con procedimientos específicos como el sancionador y los de exigencia de responsabilidad, a la vez  que define la validez y eficacia de las actuaciones administrativas.

 Concebida, entre otros aspectos, para fortalecer  la institucionalidad en la nación, la legalidad y el control- con énfasis en el ámbito administrativo- la Ley de Procedimiento Administrativo potencia igualmente los principios de moralidad y ética pública de funcionarios, directivos y empleados de la administración pública.

A su vez, elimina el exceso de documentación, el burocratismo en los procedimientos administrativos, el incumplimiento de plazos, así como disminuye los riesgos de litigios judiciales entre las personas y las estructuras.

Asimismo refrenda el régimen de responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos y la posibilidad de impugnar por vía administrativa las actuaciones administrativas.

 Sin dudas, la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por los diputados en el mes de julio del año en curso es una norma robusta que favorecerá el fortalecimiento de la institucionalidad en Cuba.

(Tomado del Sitio del Ministerio de Justicia)