Justo cuando se conmemora el 50° aniversario de la experiencia en Matanzas de los Órganos del Poder Popular, los diputados cubanos desarrollarán el tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, en su X Legislatura, resaltó Homero Acosta Álvarez, al iniciar su intervención en la Mesa Redonda.

Al comentar sobre las comisiones permanentes de trabajo, el Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado informó que durante los días 15 y 16 se debatirán unos 90 temas.

“Nuestros diputados han estado trabajando durante todo el año. Entre los temas más trascendentes a abordar están los resultados de las comprobaciones y fiscalizaciones que se han realizado en el país. Son un total de 18 comprobaciones. Igualmente, hay acuerdos de la propia Asamblea sobre el Ministerio de la Agricultura, el de la Construcción, la Industria. Asimismo, se analizará el enfrentamiento contra el delito, la corrupción y las ilegalidades; el plan de la economía y el presupuesto, al igual que el análisis de un grupo de políticas públicas que se han aprobado en el período”, ejemplificó.

Otros de los temas a debate, dijo el directivo, están la Política para la Atención a la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes, la de Adelanto a las Mujeres, los programas para la Atención Demográfica, etc.

“Un aspecto importante es el control a disposiciones aprobadas por la propia Asamblea, así como el Consejo de Estado, como la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, la Ley de la Inversión Extranjera, la Ley del Presupuesto del Estado, el Ordenamiento Territorial, el Código Penal, el Código de las Familias, entre otros”, agregó.

Uno de los puntos medulares en los debates será la marcha de las proyecciones de gobierno aprobadas en la pasada sesión del parlamento. “Un tema muy importante ocurrirá el 16. Los parlamentarios analizarán de conjunto la propuesta de política para la normativa jurídica de la Empresa Estatal Socialista. Por su complejidad, queremos que se aporten la mayor cantidad de opiniones que nos robustezcan la futura norma política”.

Para el primer día de la sesión plenaria de la ANPP se prevé la toma de posesión de los diputados electos para cubrir las vacantes y el chequeo de acuerdo. “El tema más importante de ese día será la información sobre la marcha del plan de acción del Gobierno de implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024 por parte del primer ministro”.

Para esa propia jornada se dará una información sobre la marcha de la economía al cierre del primer semestre del año 2024, así como una actualización de la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado para el año 2024 y la liquidación del Presupuesto del año 2023.

Para el día 18, se proyecta realizar el informe del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria, además de la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio Interior. Para la mañana de ese día también se ejecutará la elección de Jueces Legos del Tribunal Supremo Popular.

En horas de la tarde se realizará la rendición de cuentas del Gobierno Provincial del Poder Popular de Villa Clara. “En esa jornada haremos un análisis del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información que será presentada por el CITMA”.

“El día 19 continuará el debate legislativo con la presentación de tres proyectos de ley, como son el del Procedimiento Administrativo, el de Condecoraciones y Títulos y el de Migración”.

El día 20 se realizará el análisis del proyecto de Ley de Ciudadanía y del proyecto de Ley de Extranjería.

En esa propia jornada se elegirá el Consejo Electoral Nacional, se ratificarán los Decretos Leyes y acuerdos del Consejo de Estado, se aprobará el organismo objeto de alta fiscalización, así como el gobierno provincial que rendirá cuentas en el mes de diciembre del año 2024 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“La labor de la Asamblea no se ciñe a este momento. Durante todos estos meses se han realizado 50 visitas parlamentarias en 8 provincias y allí se hace un intercambio en lo fundamental con el pueblo. Hemos visitado más de mil centros de trabajo y comunidades”.

“Serán cuatro días de una labor intensa, vinculados al ámbito económico, legislativo y a la función de control que le corresponde a la Asamblea”, concluyó Homero Acosta.

Una actividad parlamentaria intensa

Sobre las leyes que se presentarán a debate al parlamento en esta sesión ordinaria del órgano legislativo, José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, reafirmó que los momentos de trabajo de la Asamblea no quedan circunscritos únicamente a esta ocasión en que sesiona en plenario, sino que está precedida de toda una actividad intensa.

Dijo que como parte de este proceso el Consejo de Ministros fue el órgano que ejerció la iniciativa legislativa y decidió que seis proyectos de ley se presentaran a la Asamblea Nacional. Estos son un proyecto de Ley de Migración, otro de Extranjería y otro de ciudadanía. En esos tres proyectos de ley el Consejo de Ministros decidió que la presentación a la Asamblea y la discusión estuviera a cargo de los compañeros del Ministerio del Interior, señaló.

También un proyecto de ley del proceso administrativo y otorgamiento de títulos, decoraciones y demás, que en ese caso lo va a presentar el ministro de Justicia; y uno de transparencia que estará a cargo de los compañeros de del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), apuntó.

¿Una vez que todo ello entró a la Asamblea qué pasó?, reflexionó Toledo Santander.

Explicó que “luego de los pasos reglamentarios, pudiéramos decir que son los estudios que hacemos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para pronunciarnos sobre la constitucionalidad de esos proyectos, que todavía están en fase de discusión como anteproyecto.

“Vencido ese momento y decidido ya por el presidente incluirlo en agenda, entonces pasan ya a la condición de proyecto; el presidente ha hecho uso como lo ha realizado en todos los casos, de la facultad que le concede el artículo 128 de la ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ha decidido convocar a los diputados a reuniones de trabajo y de estudios para discutir los proyectos de leyes que ya previamente la Secretaría les hizo llegar para su conocimiento, y poder debatir sus opiniones, sus criterios, sus propuestas de modificaciones, e ir trabajando, como dice esta propia prerrogativa, un consenso que nos ayude a arribar a la sesión ya plenaria de la de la Asamblea Nacional”, dijo.

En este sentido, precisó Toledo Santander, cumpliendo esto los días 12 y 13 de junio, se efectuó una reunión  para discutir la Ley de Transparencia. Estas sesiones tienen la peculiaridad de que hay una primera sesión con los diputados del país que no residen en La Habana, la cual se realiza por videoconferencia.

Después, hay otra sesión de trabajo con los diputados de La Habana y los diputados que son electos por alguna provincia del país, pero viven en La Habana. Entonces, ese día 12 y 13 se discutió la ley de Transparencia. En ese proceso de discusión se formularon 11 intervenciones de distintos géneros por los diputados y ya eso va generando modificaciones y cambios en la redacción del documento, dijo.

“Aquí quiero hacer un aparte un momento, antes de ir a este proceso de discusión y es que desde el momento que se le distribuye a los diputados, estos proyectos de leyes se sitúan en el sitio web de la Asamblea para generar conocimiento del pueblo y además se habilitan los correspondientes correos para que se puedan formular opiniones, criterios, propuestas, etc.

“El día 12 y 13 de junio se discutió el sistema de condecoraciones y títulos honoríficos. Allí se formularon 12 consideraciones, y atendiendo a la importancia de que las mismas se manifestaron y además, que muchas de ellas tienen que ver con contenido esenciales de la norma, se decidió por el ministro de Justicia la reimpresión de esta Ley y distribuir entonces la Secretaría una nueva versión del proyecto para el conocimiento de los diputados; documento en el cual los parlamentarios pueden apreciar ya los cambios que, a partir de sus intervenciones, se han hecho”.

Toledo Santander refirió que el 3 de julio se discutió la Ley de Extranjería con iguales propósitos y se produjeron 11 intervenciones por parte de los diputados. El día 25 de junio se discutió la Ley de Migración. “Esta quiero decirte que fue la ley más debatida por los diputados. Ahí se produjeron 55 intervenciones. Por ejemplo, con los diputados de La Habana y los que residen cerca de La Habana empezamos una reunión a las 2 de la tarde que terminó cerca de las 7 de la noche. Teníamos previsto incluso ese día discutir dos leyes, Migración y Ciudadanía y tuvimos que quedarnos con Migración por la cantidad de intervenciones”, comentó.

Agregó que esta ley también ha motivado una nueva versión del documento que se circulará. “Ya está en proceso de reimpresión y discusión para los diputados. Y quiero hacer mención de algunas de las cosas que se van a incluir en la nueva versión que se somete ahora a conocimiento y decisión de los diputados ya para el período de sesiones.

“Por ejemplo, uno de los temas que se trabajó con mucho cuidado y precisión, porque los diputados así lo quisieron, fue el tema de la residencia efectiva  desde el punto de vista migratorio. A los diputados les preocupaba mucho el aspecto de los términos, porque sabemos que esa condición migratoria se adquiere cuando la persona ha vivido un tiempo determinado permanentemente en el país y eso le permite asumir esa condición.

“Sin embargo, la ley va a ser precisa en aclarar, que puede ser que la persona no viva los tiempos que definitivamente se establezcan, ha vivido esporádicamente en el país distintos momentos, pero en ese tiempo que se establezca del año natural, esos tiempos acumulan una permanencia y además hay otras manifestaciones de las personas de tener arraigo con el país, por ejemplo, mantiene un domicilio, mantiene su familia, cumple las obligaciones fiscales, está vinculada a distintas organizaciones del país, etcétera. O sea, hay una expresión de que ella tiene arraigo en la Nación, y entonces eso le permite también solicitar la residencia efectiva”, explicó.

“También está establecido, y fue otro tema que se va a proponer ahora producto de la de la discusión que se hizo, que una vez adquirida la residencia efectiva, si la persona conserva las condiciones bajo las cuales le fue otorgada ya la mantiene y no tiene que hacer más ningún cambio y es inalterable. Los ciudadanos cubanos también, y esto es muy importante porque generó preocupaciones en un grupo de compañeros. Los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, que por razones de trabajo, salud, estudio u otras causas de similar naturaleza permanezcan fuera del país por un tiempo prolongado, mantienen esta condición cuando así lo acrediten ante la autoridad migratoria.

“Y del mismo modo va a establecer en cuanto a los bienes de la propiedad, que también es un tema que se ha manipulado mucho en redes, y se ha tergiversado, se decidió poner un artículo donde quede bien claro que las personas ciudadanas cubanas residentes en el exterior, en correspondencia con el artículo 58 de la Constitución de la República, tienen derecho al uso, disfrute y libre disposición de los bienes de su propiedad establecidos en el territorio nacional, de conformidad con lo que la ley en tal sentido expresa”, señaló Toledo Santander.

Dijo que también fue objeto de debate los días 25 de junio y 3 de julio, la ley de ciudadanía. “Ahí se produjeron 22 intervenciones. La ley del Procedimiento Administrativo la discutimos el día 18 de junio y se produjeron 20 intervenciones en su discusión. Todas estas intervenciones se han analizado por los grupos redactores, se han analizado por las respectivas comisiones y ahora enriquecerán y formarán parte del proyecto de ley correspondiente”.

“Quiero además destacar dentro de este proceso de trabajo de estas leyes que se están haciendo, una temática que a veces he oído como opiniones de las personas referente a que hay muchas leyes. “Ahora hay muchas leyes”, “¿por qué ahora hay tantas leyes?”. Yo creo que vale la pena explicar esta situación, hay tres razones de relevancia, que explican esta intensa actividad legislativa que viene desarrollando la Asamblea Nacional.

“La primera de ellas es la entrada en vigor de la Constitución de la República de 2019. Se dice en los ámbitos doctrinales y académicos al respecto de que cuando en un Estado se da una nueva Constitución pues el Estado se refunda. ¿qué quiere decir eso? bueno se refundan todas las actuaciones y procedimientos del Estado tiene que ser conforme a esa Constitución, y todo el ordenamiento legal tiene que ajustarse a esa Constitución. Por consiguiente, una de las razones de esta actividad legislativa es la cantidad de leyes que están vigentes en el país que hay que traerlas entonces a que estén en correspondencia con las preceptivas legales”, afirmó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP.

En el caso del proyecto de ley del sistema de títulos honoríficos y condecoraciones, por ejemplo, la ley que está vigente actualmente, la ley 17, prevé que los títulos y condecoraciones los concede el Consejo de Estado. Sin embargo, la Constitución del 2019 estableció que estos títulos honoríficos y condecoraciones quien lo da es el Presidente de la República, entonces hay que ajustar esa ley a ese cambio que ha implicado la Constitución y ello implica un nuevo proceder legislativo.

De igual manera, apuntó Toledo, tenemos la Ley de Migración y la Ley de Extranjería, que existían y ahora hay que ajustarlas a las nuevas características que establece la Constitución. Pero además, hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, el desarrollo.

Se ha establecido por la máxima dirección del país un principio, que prácticamente ha devenido en ley no escrita, y es que no quede ninguna norma de desarrollo constitucional sin realizarse. Eso fue una experiencia que traíamos de la constitución del 76, donde se nos quedaron un grupo grande de normas que nunca se hicieron y desde el momento que se empezó la redacción de la Constitución de 2019 fue un punto en el que insistió el General de Ejército, el compañero Raúl Castro, que se trabajara decididamente en que ninguna ley de desarrollo constitucional quedará pendiente, y ese punto lo mantiene vigente el compañero presidente Miguel Díaz-Canel, subrayó Toledo Santander.

Esto explica la existencia de un cronograma legislativo del cual se habla mucho en la ANPP, y eso explica esa proliferación de leyes.

En las que llevamos a esta sesión ordinaria, la ley de proceso administrativo y la ley de transparencia lo que hacen es desarrollar preceptos constitucionales. Estos instrumentos que antes no existían permitirán la creación de un nuevo ordenamiento legal que permite la aplicación en normas de desarrollo máximo, lo que la Constitución tiene establecido, dijo

En su opinión, otro aspecto que no puede olvidarse y hay que tener presente es la precisión que se hizo desde los momentos de la redacción constitucional del papel que juegan los decretos leyes frente a la ley. Esto es un tema trascendente porque era una problemática muy preocupante, el hecho de que en un momento dado los decretos leyes vaciaban de contenido la agenda legislativa de la Asamblea Nacional.

Destacó que la actividad legislativa no termina en este periodo, pues se trabaja otra cantidad de leyes que se presentará en el próximo periodo cuando se convoque nuevamente.

Señaló, además, que otro principio que quedó establecido y es causa de actividad legislativa es que los decretos leyes no pueden modificar leyes ni desarrollar en decreto ley aspectos referidos a los derechos y garantías de los ciudadanos, eso tiene que ir a conocimiento y decisión de la  Asamblea Nacional.

Todas estas temáticas son las que enriquecen esta actividad y explican entonces el porqué de esa proliferación legislativa tan intensa que tenemos en nuestro tiempo, que en definitiva cumple nada más que el mandato que el pueblo nos dio al aprobar la Constitución vigente, enfatizó Toledo Santander.

Sobre el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública disertó la viceministra del CITMA, Adianez Taboada Zamora, quien comentó que su ministerio fue el encargado de dirigir la elaboración de la normativa.

Este proyecto busca un equilibrio entre el mandato constitucional referido en el Artículo 53 -sobre el derecho a recibir del Estado información de calidad- y la necesaria protección de la seguridad nacional, e implicó la participación de diputados, profesores de varias universidades del país, e incluso el grupo de trabajo que elaboró la Ley de Comunicación Social. Se recogieron 517 criterios emitidos en las consultas.

De acuerdo con Taboada Zamora, fue realizado un estudio para lograr coherencia entre la nueva propuesta y lo ya estipulado. En el mundo existen 123 leyes de transparencia y acceso a la información; en América Latina, 33 y en el Caribe, 28. “Para elaborar la nuestra tuvimos en cuenta el modelo de ley que propone la Unesco”, afirmó la viceministra.

El proyecto tiene como finalidad regular, controlar y promover la cultura de la transparencia en la gestión pública, a partir de la aplicación de métodos comunes de los sistemas de gestión documental y archivos.

Se considera información pública aquella que generan o custodian los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento u otros fondos públicos, contenida en documentos, grabados o registrados, en diversos formatos y cualquier tipo de soporte.

Taboada Zamora explicó que existen estructuras a todos los niveles para facilitar la capacitación de los sujetos obligados. Estos tienen entre sus obligaciones preservar los documentos históricos, transparentar dónde aparecen estos documentos y la atención especial a personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad.

Según el proyecto de ley, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública y se establecen mecanismos para facilitar ese acceso, así como los plazos de respuesta de las instituciones.

La viceministra comentó que se estipula un mínimo de información que debe estar transparentada, para que no sea necesaria una solicitud cuando se quiera acceder a esta.

Entre las excepciones del derecho de acceso a la información pública destaca lo que pueda incluir un daño, peligro, afectación o violación para la seguridad nacional, los datos personales, procedimientos jurídicos o administrativos, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales, la integridad física o moral de las personas y el medio ambiente.

Sobre el Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo, Andry Mantilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, comentó que la propuesta es resultado de alrededor de tres años de trabajo y no existe un antecedente de ley en el país con estas características.

La norma regulará los procederes de la administración, y parte de la necesidad de estandarizar procedimientos de muy diversa índole.

Mantilla Correa afirmó que se trata de un proyecto extenso y complejo, elaborado desde la experiencia de ciudadanos, de cara a la eficacia del Estado y al fortalecimiento de la institucionalidad. “Coloca los derechos y deberes de las personas frente a la administración pública y establece consecuencias jurídicas. Se tuvieron en cuenta 187 opiniones para elaborar la norma”, dijo.

“Se apuesta por mejorar las prácticas administrativas. Reconoce a las personas en situación de vulnerabilidad y ofrece la posibilidad de responder a expectativas que los ciudadanos tienen y no siempre las administraciones cumplen”, comentó Mantilla Correa.

Esta es supletoria a todas las normas jurídicas de carácter administrativo, y una guía de la administración del funcionariado cubano, para quienes desarrollan la administración pública y también la privada. “Es atemperada a nuestra realidad y garantiza a la población ejercer sus derechos”, señaló el académico.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, se refirió al compromiso de los servidores públicos para aportar al desarrollo del país.

“El Partido, el gobierno y los órganos de representación tenemos una responsabilidad y diversas funciones trascendentales. Estamos tomando decisiones en el ámbito legislativo y hoy recobran vida en el despliegue normativo”, dijo.

Concluyó que los diputados tienen una importante responsabilidad frente a los desafíos del país, y deben estar a tono con los tiempos que corren.

(Tomado de Cubadebate)