Con la implementación de la reforma procesal se reforzaron las herramientas procesales para el fortalecimiento de la efectividad en la ejecución de sentencias en las materias civil, familia, administrativo y del trabajo y la seguridad social, cuyas regulaciones se unificaron en el Código de procesos.

En este orden, la subasta pública se instituyó como forma de hacer efectiva la resolución judicial cuando implica la condena de pago de sumas monetarias y el deudor, sea una persona natural o jurídica, carece de ingresos y por tanto se acude al embargo de los bienes de su patrimonio, los que de no ser interés del acreedor adquirir, se someten a la subasta pública.

Para fortalecer los mecanismos de actuación en este orden, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó la Instrucción 269 relativa a la subasta judicial, que implica lanzar la convocatoria de forma pública para el conocimiento por los ciudadanos y los que tengan interés puedan optar por la adquisición del bien o bienes embargados, lo cual debe ajustarse al caso específico de acuerdo con la naturaleza de los bienes.

En Gaceta Oficial No. 82 Ordinaria de 9 de agosto de 2022 puede consultar Instrucción 269/2022 (GOC-2022-793-O82)

Tribunal Provincial Popular de La Habana