Un juicio oral, público y ejemplarizante se realizó en el Tribunal Provincial de La Habana, que sancionó severamente a implicados en hechos de falsificación de documentos bancarios y de comercio en la Empresa Eléctrica capitalina.

De acuerdo con un reporte de la más reciente emisión del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, los involucrados incurrieron en la mencionada falta, como medio para cometer un delito de cohecho de carácter continuado.

El fallo del tribunal recayó sobre funcionarios de la Empresa Eléctrica de La Habana y clientes del sector residencial.

La información de la TV Cubana especifica que, recientemente, en esa entidad capitalina se llevó a cabo una investigación que culminó con la acusación de siete funcionarios de la empresa y 14 clientes del sector residencial del municipio de Plaza de la Revolución.

Un control realizado por la propia entidad y la pericia de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior permitieron detener a los responsables.

Como resultado de la investigación, se determinó la implicación del administrador provincial del sistema automatizado integral de gestión comercial empleado por la Unión Eléctrica para el control de la facturación a sus clientes, quien alteraba la base de datos del mismo, a partir de los permisos conferidos por sus funciones.

El modus operandi del directivo falsificador consistía en rebajarles en factura el consumo eléctrico de esos clientes, con el objetivo de que, cuando pagaran, desembolsaran mucho menos de lo que debían.

Tal accionar fraudulento trajo como consecuencia que el dato de la cantidad de kilowatts consumido de las facturas de cobro de los clientes involucrados era totalmente falso.

Sin embargo, la vulneración del Sistema Integrado de Gestión Comercial no era la única forma para incrementar las ganancias ilícitas.

De los 14 clientes identificados y llevados al proceso penal, no todos tenían modificaciones del sistema de facturación.

Había casos en que ocurría una acumulación de energía en los metro-contadores de sus viviendas; es decir, eran altos consumidores de electricidad, pero sus consumos no eran reportados a la oficina comercial.

De acuerdo con las pesquisas, la cadena delictiva estaba compuesta no solo por el informático principal de la Empresa Eléctrica de La Habana y el administrador de la Oficina Comercial de Plaza de la Revolución, sino que, además, participaba un inspector supervisor y lectores cobradores, quienes recibían una elevada suma de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensualmente, de manos de sus clientes favorecidos, según el poder adquisitivo de estos usuarios.

La investigación sobre los medios de cómputo de los acusados permitió obtener elementos probatorios. En todos ellos se encontraron elementos, herramientas informáticas destinadas a la vulneración del sistema comunicación de montos de pago, números de lecturas a modificar, fotos de los metro-contadores, acuerdos de pago, cantidad de dinero… o sea, un grupo de elementos que sirvieron de sustento al proceso de todo lo investigado y de los hechos llevados a proceso penal, con la evaluación de las pruebas practicadas y demás elementos objeto de debate.

En un acto de juicio oral, público y ejemplarizante, el Tribunal Provincial de La Habana acordó sancionar a los acusados como autores directos de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio, como medio para cometer un delito de cohecho de carácter continuado, a sanciones que oscilaron de seis a ocho años de privación de libertad.

Al resto de los implicados que, además fueron testigos en el proceso, se les aplicaron multas administrativas por el Órgano de Instrucción y la Empresa Eléctrica Provincial.

(Tomado de Radio Ciudad de La Habana)