Una de las terminales de viajeros de mayor concurrencia pública, en La Habana, es el Aeropuerto In-ternacional José Martí. Resultaba habitual la presencia de más familiares que viajeros e incluso de transportistas y arrendadores por cuenta propia en busca de pasajeros para conducirlos, aun fuera de la capital. De hecho, la entrada y salida de pasajeros ha sido dispuesta a partir de la observación de la efectividad de las medidas del territorio de mayor densidad urbana de todo el país, con una población de más de dos millones de ciudadanos.

De ahí que, teniendo en cuenta la vigencia de los protocolos sanitarios establecidos, el presidente del Consejo de Defensa (CDP) de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, sostiene la imprescindible necesidad de mantener la exigencia en los controles de seguimiento en los municipios de destino, sus respectivos consejos populares, barrios, consultorios médicos y de cada familia.

En este sentido debemos tener en cuenta la vigilancia responsable, en relación con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios establecidos para evitar que en la capital surjan nuevos brotes y, por lo tanto, la rápida propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta sus características territoriales donde las demarcaciones por municipios tienen una función, esencialmente, administrativa.

En el caso de los viajeros procedentes del exterior, corresponde a familiares y vecinos acatar el período de aislamiento social (dentro del hogar y sin dejar de usar el nasobuco) a partir del arribo. Por supuesto, esto exige de cada habanero un comportamiento responsable y consecuente.

De hecho, garantizar de manera inocua (epidemiológica y segura del tráfico aéreo) las operaciones de servicios ha exigido un costo adicional de financiamiento por el Estado cubano, en medio de condiciones económicas de crisis internacional agudizada por la COVID-19 y recrudecidas, contra nuestro país, en el sostenimiento del bloqueo genocida impuesto durante décadas por el gobierno de Estados Unidos.